El derecho al voto
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), suscripta por Argentina en 2008 y la promulgación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 de 2010, reafirman las obligaciones del Estado de garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales como el ejercicio de los derechos políticos.
En este marco, la campaña promueve la implementación de la ley 26.571 que modifica el Código Electoral Nacional y habilita a votar a las personas que se encuentran en centros de internación (excepto las declaradas insanas en juicio). Este grupo estaba excluido del padrón electoral hasta la mencionada reforma.
Por otra parte, la Ley Nacional de Salud Mental incorporó el art. 152 ter al Código Civil y estableció que todas las sentencias de incapacidad “deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”. De ello se sigue que una persona declarada incapaz debería poder ejercer el derecho a votar salvo que, expresamente, el juez limite ese ejercicio a través de la sentencia correspondiente.
La campaña
Mediante el ejercicio del derecho al voto, la campaña se propone revertir la histórica segregación de la personas usuarias de servicios de salud mental y consolidar su pleno reconocimiento como actores políticos y sociales. Por este motivo, las organizaciones que impulsan la campaña han comenzado a trabajar en conjunto con algunos centros de internación como la Colonia Nacional Montes de Oca; el Hospital Interzonal “José A. Esteves” y el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA); el Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez” y hospital de día; el Centro Nacional de Reeducación Social (Ce.Na.Re.So.); el Hospital Psiquiátrico “Dr. Néstor Sequeiros” y el Instituto de Psicopatología de la Provincia de Jujuy; el Hospital Psiquiátrico Colonia “Dr. Domingo Cabred” y el Programa Interministerial de Salud Mental, Prisma. En estos lugares se están impulsando acciones de información, concientización y capacitación, tanto para los usuarios como para los profesionales que trabajan allí .
Nuevo paradigma, nuevas prácticas
Antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental las sentencias de incapacidad dictadas por la justicia afectaban el ejercicio de los derechos políticos. Tradicionalmente las personas usuarias de los servicios de salud mental no eran consideradas sujetos de derechos, por lo cual se les limitaba el ejercicio, entre otros, de sus derechos ciudadanos. Si bien en la actualidad se han removido los impedimentos legales, es necesario que se consoliden prácticas acordes a ello.
La presente campaña se lleva adelante en concordancia con la necesidad de avanzar en la concreción de acciones sustantivas inscriptas en el cambio de paradigma que el movimiento de personas usuarias de los servicios de salud mental está impulsando tanto en nuestro país, como en diferentes partes del mundo.
Organizaciones que impulsan esta campaña:
ADESAM (Asociación por los Derechos en Salud Mental), APUSSAM (Asamblea Permanente de Usuari@s y sobrevivientes de los Servicios de Salud Mental), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), La Colifata, Proyecto Suma, RADAUD (Red Argentina por los Derechos y asistencia de los usuarios y las usuarias de drogas), Red sobre Buenas Prácticas en Salud Mental, REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), RED FUV (Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios), Frente de Artistas del Borda y CISP (Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos).
Brindan apoyo técnico:
AGT (Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo), Programa Nacional de Atención al Interno con enfermedad mental grave – Secretaría de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad), Comité Científico Asesor en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja y Defensoría General de la Nación.
